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En una democracia los ciudadanos pueden llamar a cuentas a sus gobernantes, ejemplos recientes llaman a la reflexión en México

Un ejemplo de rendición de cuentas

Nuestra deficiente democracia requiere, entre otras cosas, fijarnos bien en cómo funcionan las democracias maduras y sacar lecciones para la nuestra. Lo que está pasando en Gran Bretaña nos provee de un tema de reflexión en un México que discute las reformas políticas necesarias para reflotar a un sistema que está haciendo agua.

De este lado del Atlántico, no deja de llamar la atención lo sucedido a Anthony Blair en Londres el viernes pasado: el ex primer ministro británico debió responder en público y ante cámaras de televisión al cuestionamiento de una comisión que investiga la legalidad de la orden que él dio a su ejército en 2003 para acompañar al de Estados Unidos en la invasión de Iraq y el derrocamiento del gobierno de Saddam Hussein. Blair se vio sometido a un comedido pero severo interrogatorio de seis horas por parte de la comisión encabezada por Sir John Chilcot -un alto servidor público ya retirado-, que tiene la encomienda de averiguar si la invasión de Iraq en nombre del Gobierno de su Majestad, y uno de cuyos efectos fue la muerte de militares británicos y de numerosos iraquíes, fue hecha de manera apropiada y de acuerdo con las leyes del reino. Y es que, como se sabe, la razón original para atacar a Iraq en el 2003 no tardó en comprobarse totalmente falsa: el gobierno de Bagdad no poseía las armas de destrucción masiva que los servicios de inteligencia británicos aseguraron que tenía y podía emplear 45 minutos después de que se diera la orden de hacerlo, ni tenía ligas con los terroristas de Al Qaeda, como también se aseguró.

El ex primer ministro británico se defendió bien frente a sus inquisidores, pero independientemente de cuál sea la conclusión de la comisión y de cómo quede Blair frente a la historia -entre el público estaban familiares de los 179 soldados británicos muertos y que demandaban del político una disculpa por haber llevado al país a una guerra equivocada, disculpa que no lograron- el evento fue un ejemplo de cómo debe funcionar una democracia que puede exigir cuentas a sus gobernantes.

Lo primero que puso de relieve el interrogatorio en torno a la responsabilidad del ex jefe de gobierno británico es la ausencia de un proceso similar en Estados Unidos. Es claro que George W. Bush y algunos de sus colaboradores deberían ser sometidos a un juicio de responsabilidad por lo sucedido en Iraq, pues ellos fueron los instigadores de una invasión que, según los cálculos más moderados, costó la vida a 100 mil iraquíes.

Pero dejemos de ver la paja en el ojo ajeno y observemos las enormes vigas que en materia de rendición de cuentas tenemos en México. A nuestro anémico régimen político le fortalecería el someter a un interrogatorio severo o, mejor, a un juicio, a los ex presidentes vivos y al actual para convencer a la ciudadanía que efectivamente ya se superó un rasgo central del viejo régimen: la impunidad.

Echeverría

Al conocerse el "jueves de Corpus" de 1971 la mortal agresión llevada a cabo por un grupo paramilitar organizado por el gobierno del Distrito Federal -los "halcones"- contra una manifestación pacífica de estudiantes en la Ciudad de México, un falsamente indignado presidente Luis Echeverría aseguró que se investigaría y se castigaría a los culpables. No fue así; el regente capitalino sólo fue obligado a renunciar pero años después recibió la gubernatura de Nuevo León. Más tarde, en 1998, cuando el PRI ya estaba a punto de perder su papel como partido de Estado, una llamada Comisión del 68, del Congreso, hizo el ridículo al acudir a casa de Echeverría para enfrentarlo con su responsabilidad en las matanzas de 1968 y 1971. Luego, en 2006, ya bajo un supuesto "nuevo régimen", se ordenó el arresto domiciliario de Echeverría pero tras un patético remedo de juicio, en 2009 se ordenó su exoneración por los cargos de genocidio. Pese a que ya no cabe duda que la responsabilidad última de los crímenes del 68 y del 71 recae en los ex presidentes de la época, hoy seguimos sin saber cuál fue la "razón de Estado" por la que se ordenó el asesinato de los jóvenes, tampoco sabemos cuántas víctimas hubo ni exactamente quiénes participaron ni bajo qué supuestos desempeñaron sus papeles.

De la Madrid

No hace mucho, Miguel de la Madrid aceptó ante la periodista Carmen Aristegui, que se equivocó radicalmente al dejar como sucesor a Carlos Salinas de Gortari, al que hoy supone centro de una trama de corrupción escandalosa durante su gobierno. Sin embargo, De la Madrid negó cualquier operación de fraude en las elecciones que supuestamente ganó Salinas con el 51 por ciento de los votos en julio de 1988. Y aunque las boletas de esa elección ya son cenizas, no vendría mal una investigación que aclarara lo que realmente ocurrió en las urnas hace 22 años.

Salinas

Por lo que hace a Carlos Salinas, hay materia de sobra para comisiones de investigación. Supongamos que por secreta no procede averiguar en qué y cómo gastó la "Partida Secreta", pero sí sería muy revelador y útil conocer el proceso y las condiciones en que se privatizaron en ese entonces importantes empresas públicas -teléfonos, bancos, televisoras, etcétera-, que actualmente son el origen de cuantiosas fortunas privadas. Los asesinatos de varios centenares de militantes del PRD también podrían ser objeto de otra investigación, así como las nunca bien explicadas ejecuciones de miembros del EZLN en el mercado de Ocosingo, de Luis Donaldo Colosio o Francisco Ruiz Massieu, todas en 1994.

Zedillo

El llamado "error de diciembre" de 1994, que condujo a la penúltima gran crisis económica de México y que, posteriormente, fue la razón que llevó a Ernesto Zedillo a diseñar el tristemente célebre Fobaproa -la compra de la cartera vencida de los bancos privados con pagarés del Estado-, debe ser desentrañado. El Fobaproa mismo condujo a que la deuda pública interna creciera cuatro veces en tan sólo tres años, pero también a que un número nunca revelado de créditos bancarios otorgados de manera fraudulenta terminaran como parte de esa deuda pública. El que un sistema bancario mexicanizado a partir del gobierno de Venustiano Carranza terminara transformado en uno dominado por la banca extranjera, también tendría que ser objeto de un proceso de investigación. Y finalmente está el asesinato masivo de indígenas chiapanecos en Acteal, caso en que las redes de la "justicia" sólo atraparon a puros peces chicos y que ahora se asegura que no fueron culpables. El llamado "Pemexgate" -la transferencia ilegal de mil 100 millones de pesos de Pemex al sindicato petrolero y de éste al PRI en el 2000- desembocó en una multa de mil millones de pesos para el PRI pero finalmente los responsables de la operación nunca han tenido que responder ante un juez. Todo lo anterior da materia para varias comisiones "a la Blair".

Fox

Pese a la investigación del IFE al primer gobierno del "nuevo régimen" -ése tan apegado a la ley que logró el desafuero del jefe de Gobierno capitalino por no parar a tiempo la apertura de una calle- aún hay mucho que no se sabe sobre el origen y uso de los dineros de los "Amigos de Fox". Otra comisión también podría investigar lo que no estudió el TEPJF: cómo fue y qué efectos tuvo la intervención de Fox o del Consejo Coordinador Empresarial en la elección del 2006. El papel del gobierno federal en la defensa del gobernador de Oaxaca y la represión de la APPO también merecerían ser materia de una investigación.

Calderón

Este sexenio aún no concluye, pero ya se podría ir pensando en investigar las razones y resultados de esta "guerra" de tres años contra el narcotráfico, que ha provocado ya 16 mil muertos y a la que no se le ve fin. Un hilo conductor de la investigación podría ser el sugerido en el reportaje de Jorge Torres e Ignacio Alvarado (El Universal, 26 de enero), y según el cual la inspiración de la "guerra" no fue mexicana sino norteamericana: una propuesta de funcionarios de la DEA -Karen Tandy y David Gaddis- a Eduardo Medina Mora y a Genaro García Luna en octubre del 2006, y que después se presentó como decisión mexicana. Como en el caso de Blair, esta "guerra" cuadra bien con el interés norteamericano, pero ¿también del mexicano? Esto se debería averiguar.

Conclusión

La británica es una de las democracias más consolidadas y puede darse lujos que aquí sólo podemos imaginar, pero el ex presidente Fujimori ya fue juzgado en Perú y el ex presidente Alfonso Portillo ha sido presentado ante un tribunal en Guatemala. Para que en México llegue a arraigar la democracia, también tendría que haber la posibilidad de llamar civilizadamente a cuentas a nuestros gobernantes. ¿Faltará mucho?