El voto nulo o consecuencias de la inconsecuencia

El rechazo actual a la clase política viene de la desilusión del ejercicio democrático una vez que se logró la alternancia

El "Voto en Blanco" y la política negra

El gran cambio político del 2000 -el hipotético inicio de la consolidación de la democracia electoral- ha resultado básicamente un hecho inconsecuente: nada realmente sustantivo ha cambiado en la dirección esperada. Al contrario, por lo que hace al sentido de rumbo, confianza, crecimiento económico, gobernabilidad, seguridad, combate a la corrupción, confianza en las instituciones, calidad de la educación y otros temas similares estamos igual o peor que antes.

La inconsecuencia del supuesto parteaguas del 2000 ya tiene consecuencias; una de ellas es el rechazo activo de una parte de los ciudadanos a la clase política usando su boleta electoral este 5 de julio para negarle su apoyo a todos los partidos registrados y dejar constancia de su total inconformidad con la situación existente. El objetivo de depositar la boleta en blanco, anularla o votar por un candidato sin registro es actuar dentro del marco institucional para hacer patente la ausencia de alternativas auténticas o, lo que es lo mismo, la falta de contenido real de la fórmula electoral. Se tratará, en cualquier caso, de un acto con claro contenido político aunque su significado está sujeto a su importancia cuantitativa.

Si el proceso político actual tuviera sentido -si el votante pudiera decidir entre programas realmente contrastantes y encarnados por políticos con carreras que confirmaran su honestidad y eficacia-, entonces el llamado a anular el voto, otorgarlo a un candidato sin registro o depositarlo en blanco, sería una estupidez, un sinsentido. Sin embargo, la innegable ineficacia, deshonestidad e impunidad de la actual clase política mexicana -existen excepciones notables pero son pocas y sistemáticamente neutralizadas por la mayoría dominante- son lo que hace que, pese a todo, el destino del voto de protesta sin referente partidista sea hoy el más digno y el menos malo de los posibles. Así de dañados nos encontramos.

Un voto que los partidos se ganaron a pulso

Desde que en los 1980 se inició la insurgencia electoral mexicana, la parte más viva y emprendedora de la ciudadanía empezó a imaginar que el voto, hasta entonces un instrumento históricamente deleznable frente a las posibilidades de la violencia y la revolución, había modificado su naturaleza y por fin la vía pacífica podría llegar a tener sentido, a tener consecuencias. El descalabro que fue el fraude salinista de 1988 no acabó con este sentimiento de esperanza, aunque sí lo hizo más realista. En los 1990 un grupo cada vez más numeroso de ciudadanos se entusiasmó con la posibilidad de estar viviendo y protagonizando un cambio histórico. Esta sensación de haber encontrado una razón de ser del ciudadano alcanzó su cima con la expulsión pacífica del PRI de "Los Pinos" en el año 2000. Sin embargo, muy pronto una parte del electorado se vio obligada a llegar a la conclusión de que su esperanza había vuelto a naufragar, que la clase política volvía a estar por debajo de las circunstancias.

La razón de fondo de la actual desilusión ciudadana es el estancamiento e incluso el retroceso de lo que podría llamarse el proyecto mexicano. Y una de las fuentes de esa ausencia de horizontes es la incapacidad de los partidos de tomar en cuenta, de asumir como propios y transformar en políticas efectivas los intereses de la mayoría. Aunque los términos crisis y permanencia son, en principio, contradictorios, en muchos círculos domina la sensación que el país está sumergido en una "crisis permanente". Domina la sensación, por un lado, de que en el último cuarto de siglo el desarrollo material del país se ha estancado y, por el otro, de que una minoría abusiva ha prosperado de manera tan notoria que resulta obscena y, finalmente, de que hay una relación de causalidad entre lo uno y lo otro.

Entre las razones más inmediatas y concretas del descontento prevalente está el sistema electoral. Las encuestas de opinión muestran que una mayoría de ciudadanos ve al sistema de partidos como un conjunto de organismos no confiables ni respetables. Desde la izquierda, el agravio es mayor por la negativa de las autoridades electorales, apoyadas por el grueso de los partidos y de los "poderes fácticos", de nulificar la elección del 2006 y ordenar su reposición como resultado de la interferencia ilegal y reconocida en el proceso electoral del presidente Vicente Fox y del Consejo Coordinador Empresarial. En el mismo sentido opera la negativa a proceder con el recuento de los sufragios para dar certeza a un resultado donde la diferencia entre el supuesto ganador y su rival más cercano fue de apenas medio punto porcentual y con muchos errores en las actas. La certidumbre de que en la actualidad los dados electorales están tan cargados como en el pasado se afirma al ver que la composición de la directiva del IFE se integra no con representantes de los ciudadanos sino de las dirigencias de los partidos o de feudos tan notables como el SNTE y que en el TEPJF sucede lo mismo.

La falla de la legitimidad

Quienes ganaron en el 2000 el control de las estructuras del poder político decidieron mantener la Presidencia en 2006 bajo la divisa de "haiga sido como haiga sido". Consideraron entonces que "Los Pinos" bien valía los costos que implicaba primero el desafuero de Andrés Manuel López Obrador, el líder de la izquierda, luego una campaña electoral basada en el miedo y finalmente el desgaste de las instituciones electorales que hicieron de lado su supuesta neutralidad y privaron al proceso de su necesaria pulcritud y certidumbre en sus resultados.

En 2006 el tema de la legitimidad fue relegado a un plano secundario por los supuestos triunfadores de la contienda y lo mismo volvió a ocurrir en la lucha interna de un PRD ya muy polarizado por la derrota electoral. Sin embargo, es justamente ese tema de la legitimidad -de la ausencia de legitimidad en el sistema político- lo que ahora da sentido a la conducta de quienes rechazan al conjunto de los partidos y sus políticas. Mediante ese rechazo se pretende desaprobar la naturaleza misma del poder imperante y poner la base de otro donde la legitimidad tenga posibilidades de ser lo que siempre debió ser: su columna vertebral.

El tema de la legitimidad política es fundamental en cualquier sociedad y época. Todo ejercicio del poder necesita justificarse a los ojos de aquellos que están sujetos a sus dictados. Max Weber identificó tres formas históricas básicas de autoridad legítima: la tradicional, la carismática y la legal-racional. En los Estados modernos, esta última debe ser la dominante aunque no la única. Como bien lo señaló Seymour Martin Lipset -uno de los grandes politólogos del siglo XX- este tipo de legitimidad implica "que el sistema político imperante tiene la capacidad de engendrar y mantener la idea que las instituciones políticas existentes son las más apropiadas para la sociedad en cuestión" (Political Man: The Social Bases of Politics, 1963). Sin embargo, es justamente eso lo que no sucede hoy en México: nuestra estructura institucional es cuestionada por muchos y, de nuevo, las encuestas lo prueban.

Y es que simplemente echando una mirada a lo que nos rodea, se llega a la conclusión de que las instituciones, desde la Presidencia, pasando por la economía hasta llegar a las guarderías para niños de madres trabajadoras, están fallando de forma espectacular o trágica. Felipe Calderón pidió el voto definiéndose como "el presidente del empleo" pero con la caída de 8 por ciento del PIB lo que domina es el desempleo. La violencia relacionada con el crimen organizado no disminuye sino aumenta 67 por ciento respecto al mismo periodo que el año pasado. El director general de la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito no ha vacilado en admitir que "México es un caso extraordinariamente violento y una situación sin par en el mundo" (El Universal, 25 y 30 de junio). Por su parte, el Banco Mundial, en su Indicador de Gobernabilidad Global 2009 reprobó a nuestro país en cuatro de los seis índices que lo forman: a) estabilidad política y ausencia de violencia, b) Estado de derecho, c) rendición de cuentas y participación ciudadana y d) control de corrupción. Sólo lo aprobó, y no por mucho, en: a) calidad regulatoria (calidad de la burocracia) y b) efectividad de gobierno (Reforma, 30 de junio).

En Conclusión

La próxima elección tendrá ganadores y perdedores formales. Sin embargo, los resultados de las urnas deberían de leerse e interpretarse a la luz de la abstención, de las diferentes modalidades del voto nulo y, sobre todo, de las fallas en la legitimidad del poder político como un todo.