Cuarenta años

El 2 de octubre no debe olvidarse porque los asesinados entonces aún no están plenamente reivindicados

En Miguel Ángel Granados Chapa, esta vez, la medalla "Belisario Domínguez" encontró a un receptor a la altura de la causa.

2 de octubre

No hay un solo México sino varios. Así, mientras las encuestas nos dicen que uno es aquel donde "El 2 de octubre no se olvida", también hay ese otro al que la fecha le importa poco y, finalmente, existe un tercero que ni idea tiene que el 2 de octubre pudiera significar algo. Este último es el problema de más fondo, pues está conformado por mexicanos que, como resultado de su marginación social, no han tenido la oportunidad de enterarse de que algo significativo sucedió en la fecha que otros no olvidan. Justamente para que no vuelva a ocurrir algo similar a lo acontecido hace cuatro decenios es preciso que, si finalmente alguien desea ignorar hechos como los que tuvieron lugar entonces en Tlatelolco, lo haga conscientemente y no porque su condición social lo mantiene ajeno a un acontecimiento clave en la memoria colectiva ciudadana.

El hecho histórico es inamovible, pero no su significado

Todo aniversario es una oportunidad para renovar nuestra comprensión y compromiso no sólo con el evento que se rememora sino con su significado. En más de un sentido, el volver la vista al pasado común nos pone frente a una imagen que combina lo que fuimos con lo que somos y lo que deberíamos ser.

¿Quién? ¿Por qué?

Desde luego, todo lo acontecido en el México del 68, particularmente esas dos horas de fuego de la tarde del 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas, lo examinamos y lo interpretamos desde lo que hoy nos preocupa como resultado de los logros y fracasos que desde entonces hemos tenido como nación.

En este nuevo aniversario sobre ese día trágico en vísperas del inicio de la olimpiada en la que México era el anfitrión -la primera del siglo XX que se llevó a cabo en un país no desarrollado- tenemos que empezar por considerar por qué se nos sigue negando la información básica: ¿Quiénes y de qué manera murieron? ¿Dónde están sus restos? ¿Cuál fue la verdadera cadena de mando y el grado de responsabilidad de cada individuo?, y, sobre todo, ¿por qué se decidió recurrir al asesinato colectivo para reimponer una autoridad? ¿Por qué una manifestación pública de estudiantes desarmados fue enfrentada por el Ejército como si se tratara de un enemigo que se hubiera apoderado de un sitio estratégico? ¿Por qué el gobierno encabezado por Gustavo Díaz Ordaz definió a los jóvenes estudiantes que protestaban por las obvias contradicciones del régimen priista como agentes externos, como enemigos mortales? ¿Cómo explicar la conducta de los actores no gubernamentales más importantes -empresarios, iglesia, medios de comunicación? ¿Por qué los líderes de esos grupos no sólo no cuestionaron las explicaciones del gobierno sino que le ofrecieron su respaldo incondicional? ¿Por qué la comunidad internacional que tan duramente criticaría al gobierno chino por la masacre de la plaza de Tiananmen no hizo entonces lo mismo con la masacre de la Plaza de las Tres Culturas?

Herida abierta

El hecho mismo de que sigan sin respuesta las preguntas básicas y a pesar de que supuestamente el régimen responsable de la matanza ya dejó de existir, dice mucho sobre la naturaleza del presente y, sobre todo, de la complicidad del régimen actual con el régimen responsable de los crímenes del pasado. Tras las derrotas electorales del PRI en 1997 y el 2000, el presidencialismo autoritario culpable de lo ocurrido en Tlatelolco dejó de existir.

El investigar los crímenes del autoritarismo y llamar a cuentas a los responsables fueron compromisos más o menos claros de quienes asumieron la dirección del país tras la salida del PRI de "Los Pinos" a quienes se supuso movidos por el afán de inaugurar una era auténticamente democrática, comprometida con la instauración de una justicia real. Es cierto que se abrieron entonces los archivos de las dependencias oficiales como parte de una política general de "transparencia", pero finalmente las nuevas autoridades no quisieron o no pudieron enfrentarse al pasado. Hicieron a un lado el camino de Sudáfrica -una comisión que hiciera comparecer a los verdugos ante la ciudadanía antes de cerrar la página del "apartheid"- y se optó por uno a la española: mejor no averiguar para no provocar a aquel con quien se ha decidido convivir -el PRI- y cuya colaboración se busca para sobrevivir.

El 27 de noviembre del 2001 Vicente Fox creó, no una comisión de la verdad, sino una pomposa Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) que finalmente desapareció en el 2006 sin haber dado respuesta a las grandes interrogantes, sin haber procedido con éxito contra Luis Echeverría -uno de los grandes responsables de las matanzas de 1968 y 1971- pero no sin haber ocasionado un gasto de por lo menos 300 millones de pesos, aunque el verdadero monto es cifra confidencial (La Jornada, 13 de marzo, 2006). Finalmente, el supuesto nuevo régimen no logró en este campo -como en muchos otros- lo sustantivo: cerrar con un acto de justicia ejemplar algunos de los muchos actos criminales del Estado autoritario priista. La herida sigue abierta. No la han querido cerrar ninguno de los gobiernos que sucedieron a los de Díaz Ordaz y Echeverría, incluyendo a los últimos, los panistas.

Gusto amargo

Sería satisfactorio para los mexicanos actuales poder asegurar, a 40 años de distancia, que los jóvenes sacrificados en el 68 y el 71 están finalmente reivindicados porque la realidad que ellos cuestionaron ya no existe. Desafortunadamente no es el caso.

En primer lugar, el fin del dominio del PRI sobre la Presidencia se explica menos como resultado de un rechazo generalizado por lo que hizo en el 68, el 71 y en los años de la "Guerra Sucia" -que también tocó a sectores populares- y más como consecuencia de la gran crisis económica de 1982. El neopanismo que tomó el relevo de un PRI agotado y desgastado por un largo ejercicio monopólico del poder surgió menos como un reclamo contra el autoritarismo y más como un rechazo al pésimo manejo de la "economía presidencial". La irresponsabilidad y la corrupción del priismo echaron a perder el famoso crecimiento promedio del 6 por ciento anual. La mediana y pequeña empresa se sintieron en peligro de muerte, sobre todo cuando el neoliberalismo salinista desembocó en el desastre de 1995 y en el Fobaproa. Fox se ofreció para encabezar "un gobierno de empresarios para empresarios" que pusiera orden. "Los Amigos de Fox" y parte de la clase media decidieron abandonar el barco priista y saltar al panista. Para ellos saldar las cuentas con el 68 no fue nunca una prioridad y el resultado de la Femospp es la prueba objetiva de ello.

En segundo lugar, la naturaleza misma del nuevo régimen no pertenece al género de la democracia política auténtica, que sigue siendo una meta por alcanzar. El PRI aún gobierna en 18 estados y algunos de ellos mantienen intacta su esencia original, justamente esa que llevó a los estudiantes del 68 y del 71 a la protesta pública y a los guerrilleros de los setenta a poner la vida en prenda en su intento por prender la llama que consumiera al régimen. Por otro lado, la corrupción que caracterizó al autoritarismo del pasado se mantiene como el signo de los tiempos. La demanda de un México socialmente más justo no es, ni de lejos, una de las preocupaciones efectivas de los responsables de dirigir la acción de un poder público.

Finalmente, está el problema de la opción, el problema de la izquierda. El movimiento del 68 fue la izquierda del México posrevolucionario en uno de sus mejores momentos. Una izquierda movida menos por una ideología coagulada y dogmática y más, mucho más, por la generosidad, la confianza en lo digno de la causa y la alegría de imaginar como posible un México muy distinto al existente: uno no autoritario, no corrupto, genuinamente soberano, capaz de hacer un esfuerzo para dar sentido al término solidaridad social y revertir la tendencia a la desigualdad. En contraste, la izquierda de hoy, al menos la que está en las estructuras de los partidos, en el Congreso, en los gobiernos de ciertos estados, en municipios y delegaciones capitalinas, es casi la antítesis de la que desde un movimiento sin burocracia retó a la estructura de autoridad de hace 40 años.

En suma

El 2 de octubre no debe olvidarse porque la razón de ser del movimiento que entonces fue reprimido sigue sin cumplirse a plenitud. Los sacrificados del 68 continúan sin estar plenamente reivindicados y es justamente por eso que sólo nosotros aquí y ahora podemos dar un sentido positivo a la vileza que hace 40 años se cometió en nombre de una falsa razón de Estado.