¿Y ahora qué?

El debate en torno al petróleo es sólo el indicador de un conflicto político creciente

En dónde estamos

Terminaron las sesiones en el Senado en torno a la propuesta del gobierno para modificar el marco legal de la actividad petrolera. El PRI ya sacó su propia propuesta de reforma petrolera y, finalmente, tuvo lugar la primera etapa de la consulta ciudadana auspiciada por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en torno a los proyectos hasta ahora presentados pero, sobre todo, en relación con la idea de abrir aún más el campo de los hidrocarburos a las empresas privadas como vía para modernizar esa industria.

Los eventos y argumentos en relación con el futuro de Pemex no parecen haber modificado significativamente las posiciones al interior del pequeño círculo en el que vive la clase política mexicana. No es particularmente aventurado suponer que las intenciones de los diferentes actores siguen siendo las originales, pues el acercamiento entre las posiciones del gobierno y su partido con el PRI se daba por descontado desde el principio. Y si en más de tres meses nadie ha modificado realmente su posición en torno al problema petrolero -y que es sólo un reflejo del desacuerdo de fondo sobre el proyecto nacional-, entonces únicamente se compró tiempo pero se sigue sin encontrar el cauce apropiado para administrar de manera satisfactoria las grandes diferencias políticas, sociales y culturales que caracterizan el momento actual.

Los proyectos

El gobierno y su partido desean extraer más petróleo y lo más rápidamente posible para: a) aprovechar los altos precios de ese recurso natural para contar con más ingresos fiscales sin tener que hacer una auténtica reforma fiscal; b) dejar en manos del capital privado la construcción de nuevas refinerías más la exploración y extracción de petróleo en aguas profundas, de esta manera se logra un triple propósito: primero, no tener que prescindir de los recursos de Pemex para el erario; segundo, no tener que transformar realmente a Pemex atacando la corrupción de sus administradores y de su sindicato, un buen aliado de cualquier gobierno; tercero, hacer de los grandes consorcios petroleros que lleguen a explotar el petróleo, aliados políticos de peso.

Al presentar su proyecto de reforma petrolera el PRI no ofrece una alternativa real a la del gobierno y por eso Felipe Calderón ya le dio el "visto bueno". Lo que el PRI pretende es reformular desde el centro político este proyecto al proponer la creación de empresas especializadas propiedad de Pemex para que formalmente ellas se hagan cargo de la refinación, transporte y almacenamiento de hidrocarburos pero puedan firmar contratos con terceros y por esa vía pueda admitirse al capital privado en los tres sectores donde lo quieren el gobierno y su partido.

Por lo que se refiere a la exploración y extracción en zonas difíciles, el plan del PRI es hacerlo mediante contratos con consorcios privados pero sin atar el pago al valor de la riqueza que se descubra, como ha sido el caso con los adversos "contratos riesgo" inaugurados por Miguel Alemán. Finalmente, la iniciativa priista sostiene que no es sólo petrolera sino energética, pues propone que se destine una parte, aunque no sustantiva, de los ingresos de Pemex para introducir a México en la etapa de las energías alternativas. Desde luego, esta iniciativa, como la del gobierno, no dice nada respecto a esa piedra de molino que desde hace mucho lleva Pemex atada al cuello: el sindicato petrolero.

La izquierda aún no da forma a su proyecto pero se ha presentado como la fuerza que reivindica el legado cardenista y que desea volver a hacer de la actividad petrolera estatal el centro del nacionalismo mexicano y de la política social. Es por eso que las líneas generales de su proyecto consisten en mantener toda la actividad petrolera como responsabilidad exclusiva de Pemex, pero permitiendo que la empresa mantenga utilidades suficientes como para reinvertir hasta revertir el estado lamentable en que le ha dejado una política que sólo ve en Pemex al gran proveedor de impuestos para un Estado que sigue captando en impuestos apenas la mitad de lo que se logra en otros países de características similares a las de México o un tercio de lo que es usual en los países de la Europa Occidental.

Como única fuerza de oposición real, la izquierda no tiene hoy posibilidades de derrotar en el Congreso una iniciativa privatizadora PAN-PRI. La alianza de estos partidos es ya un patrón que se ha seguido en todos los momentos clave del enfrentamiento izquierda-derecha a partir de la época de Carlos Salinas.

Además, la brutal división interna del PRD, que se agudizó a raíz de la derrota electoral del 2006, ha llevado a que ese partido tenga que dividir sus fuerzas luchando en dos frentes: uno contra la derecha y otro creado por el choque entre Nueva Izquierda e Izquierda Unida.

Sin embargo, ese PRD en guerra civil pero forzado por el movimiento social creado por AMLO, y que tiene como núcleo al Movimiento en Defensa del Petróleo, ha logrado llevar a cabo una resistencia que ha tenido mejores resultados de los que podrían suponer sus obvias debilidades. En efecto, en abril pasado alcanzó a impedir la aprobación de la iniciativa petrolera de Calderón y con su consulta popular dio voz, en este tema, a una parte de la ciudadanía.

Obviamente el gobierno y la derecha han descalificado la consulta subrayando que millón y medio de opiniones ciudadanas no es un número representativo del gran espectro político mexicano. Sin embargo, la cifra es significativa si se tiene en cuenta que el ejercicio se llevó a cabo con un mínimo de recursos y a contrapelo del gobierno federal y de la mayoría de los estatales, en contra de dos de los tres partidos dominantes, en contra de la mayoría de los medios de comunicación, de la posición de los grupos empresariales y de la Iglesia Católica.

La política del salmón

En política, a veces lo importante es la cantidad -es el caso de los procesos electorales-, pero en otras lo que cuenta es la intensidad. Desde esta perspectiva, y en tanto que llegamos a la fecha marcada en el calendario electoral para la siguiente elección nacional, la izquierda va a echar mano de ese recurso donde le lleva ventaja al PAN, al PRI y a todo el amplio espectro de poderes fácticos: la intensidad del compromiso político.

Por ahora y quién sabe por cuánto tiempo más, la izquierda -al menos esa parte que se identifica con las posiciones de AMLO- va a tener que aguantar las dificultades de vivir como los salmones y nadar contra la corriente. La energía para sostenerse en esa situación la va a tener que sacar tanto de sus convicciones como de la frustración y rabia que provocó en ella la forma en que se condujo la última elección presidencial.

El encono alrededor de la política petrolera no es más que la manifestación más obvia de un problema más profundo y serio. La atmósfera envenenada en que se desenvuelve hoy la política mexicana tiene su origen inmediato en la decisión de la derecha de no apegarse al espíritu de la competencia electoral democrática, ese espíritu al que ella apeló tantas veces en su lucha contra el autoritarismo priista y que, finalmente, se materializó al concluir el siglo pasado y que fue justamente lo que le permitió llegar al poder en el 2000.

El compromiso de la derecha triunfadora con la competencia leal en las urnas se evaporó ante la posibilidad de que al final del sexenio hubiera una nueva alternancia en favor de la izquierda. El espíritu democrático en el PAN y en los círculos del poder económico fue sustituido por una mezcla de gusto por el poder recién conquistado, resabios anticomunistas, prejuicios sociales y temor a las mayorías de desposeídos. Esa mezcla condujo al desafuero de AMLO, a la campaña del miedo y a la intervención ilegal del Presidente y de los empresarios en el proceso electoral del 2006. En estas condiciones la negociación serena y de buena fe entre izquierda y derecha es imposible.

El choque de los trenes

A una izquierda que considera que en el proceso institucional, y por malas artes, se le cerró el paso al triunfo no le queda más alternativa que aceptar su marginación o recurrir a lo que es su fuerte: la movilización. Pero en un país políticamente crispado, con profundas divisiones de clase y afectado por la crisis económica mundial, la política de la movilización puede llevar a un choque, como a un nivel local ocurrió en Atenco y en Oaxaca. Esa eventualidad es la que debió de ser tomada en cuenta años atrás por los que al inicio de la consolidación democrática decidieron poner sus intereses por encima del "bien común". En fin, hoy que la posibilidad del choque de los trenes ha vuelto a surgir, es urgente encontrar al guardagujas eficaz.