68 - 07

Lorenzo Meyer

Ejército. De nueva cuenta el ejército está en el centro de las noticias y de la política nacional, lo que muestra la naturaleza del actual tiempo mexicano. La última vez que se dio una situación similar fue en el verano del 68. Obviamente, la razón inmediata no es la misma de hace 39 años, pero sí la de fondo. En el 68 el papel protagónico –y trágico- del ejército se explica como resultado de la incapacidad de la clase política en su conjunto para enfrentar los problemas creados por el desajuste entre los procesos políticos por un lado y los del desarrollo económico y social del otro. Pues bien, la necesidad de volver a sacar hoy al ejército a calles y carreteras es también resultado la acumulación de incapacidades y corrupción de los últimos dirigentes del viejo régimen y los del nuevo, que dejaron crecer el poder del narcotráfico hasta que se les salió de control.
El 68 y sus secuelas siguen hoy como una herida en la conciencia colectiva. La situación actual no debe llevar a un resultado similar, y para ello hay que tener plena conciencia de las causas y posibles efectos de volver a sacar al ejército de sus cuarteles y asignarle una misión policíaca. Los cinco miembros de la familia Esparza Barraza muertos por el ejército en Sinaloa de Leyva la noche del 1° de junio –tres niños y dos mujeres-, no debe ser el anuncio de cosas por venir.
Motivos. Lo que llevó a que las manifestaciones masivas de descontento del verano de 1968, encabezadas por la parte más joven y educada de la clase media mexicana, fueron el autoritarismo y la corrupción combinados con la falta de voluntad para poner al día al sistema político con un país que ya había dejado de tener la estructura social y cultural que había dado origen a la revolución y al presidencialismo sin contrapesos.
En el 68, un presidente con poca imaginación y escrúpulos, decidió enfrentar la protesta estudiantil con su arma más contundente pero menos idónea: el ejército. El resultado lo recordamos cada 2 de octubre. La élite del poder de la época respaldó activa o pasivamente la barbarie, pero el tiempo dejó en claro que el uso de la violencia pura para hacer frente a un desajuste estructural cuyas causas estaban en las entrañas del cambio social, sólo transformó y complicó el problema. Las matanzas del 68 y del 71, más la “guerra sucia” que les siguió, se convirtieron en nuevos componentes de la lenta, social y económicamente costosa, moralmente degradante y políticamente irreversible, decadencia del PRI y de su presidencialismo.
La primera, y hasta ahora principal decisión política de Felipe Calderón una vez que tomó el control de la presidencia, fue hacer salir al ejército a las calles de ciudades y pueblos y a los caminos de regiones donde el narcotráfico se ha apoderado del espacio físico-político, marginando al poder del Estado. La decisión significó una mejora instantánea de la imagen pública tanto de Calderón como del ejército –así lo muestran las encuestas en Consulta Mitofsky de abril y El Universal, 11 de junio. Pero esas cifras de aprobación también pueden interpretarse como un indicador de la desesperación y potencial autoritario de la ciudadanía ante el rotundo fracaso de las policías en su lucha contra el crimen organizado ve lógico buscar su salvación en el ejército.
Siempre ha sido menos difícil sacar al a la fuerza armada a las calles que regresarla a su lugar de origen. Y no necesariamente porque los militares se nieguen a retornar a sus cuarteles, sino porque su presencia cambió algunas de las reglas del juego original. En el 68, de la represión abierta pero rápida se tuvo que pasar a la encubierta del 71 con “Los Halcones” del coronel Manuel Díaz Escobar y luego a la larga guerra sucia urbana y en las montañas de Guerrero. El ejército finalmente se impuso a quienes los políticos le designaron como adversarios –básicamente estudiantes y campesinos guerrilleros- pero esa página de nuestra historia militar y política se puede calificar de todo menos de gloriosa o incluso eficaz, pues al final, el régimen se deslegitimó y la demanda de democracia, pluralismo y justicia aumentó al punto de acabar con aquello que se defendía: el monopolio del PRI.
En la actualidad, para que se pueda decir que se cumple en forma y fondo la nueva y difícil tarea que se le ha encomendado a las fuerzas armadas, hay primero que evitar a toda costa “accidentes” como el de Sinaloa de Leyva y, también, definir perfectamente la naturaleza del objetivo final: especificar la meta real de la “guerra contra el narcotráfico”. Si Calderón y la SEDENA suponen que “misión cumplida” significa la eliminación efectiva de los narcotraficantes, entonces se está pidiendo un imposible y el nuevo papel del ejército no será temporal sino permanente, pues que se sepa ni en Colombia o Afganistán, para citar ejemplos actuales, el ejército ha podido erradicar la producción y comercialización de las sustancias prohibidas.
Ejército y Política. Desde hace casi dos siglos, a partir del inicio de la guerra de independencia y hasta hoy, discreta o abiertamente el ejército mexicano ha estado en el centro de la vida política del país. Naturalmente, el concepto de ejército como actor político se refiere a los generales más notorios de cada época, poco a los jefes y oficiales y no abarca a la mayoría: a la tropa. Sin examinar el papel del ejército, resulta imposible entender la política mexicana del siglo XIX y sin el discreto pero absolutamente firme apoyo del ejército al presidencialismo antidemocrático priísta del siglo XX, éste no hubiera tenido el éxito político que tuvo: 71 años ininterrumpidos de monopolio sobre la presidencia. En democracia, las fuerzas armadas deben de asumir un papel para ellas inédito en México: el de una neutralidad política real.
En la actualidad, y a pesar de haber experimentado un cambio de régimen, el “éxito” del actual gobierno en términos de opinión pública, no podría explicarse sin el apoyo tan rotundo que el ejército ha decidido darle a un Felipe Calderón cuyo triunfo en las urnas fue por un pequeño margen y muy cuestionado. Es verdad que el interés nacional requiere restaurar la presencia del Estado en las regiones donde el narcotráfico se ha convertido ya en el poder determinante, pero lo preocupante es la posibilidad de hacer depender la popularidad del ocupante de “Los Pinos” de la acción militar espectacular, pues eso distorsionaría tanto la esencia de la lucha contra el crimen organizado como la de la política nacional misma.
Un Fenómeno muy Complejo. La tragedia que significa el dominio actual del narcotráfico en áreas físicas y funcionales de la vida mexicana –un indicador son los más de 1,200 asesinatos relacionados con esa actividad ilícita en los cinco primeros meses de este año-, se empezó a incubar hace casi un siglo, cuando en 1914 Estados Unidos decidió perseguir la producción y el consumo de drogas. Esa decisión llevó, entre muchas otras cosas, a desarrollar la producción de drogas en México para satisfacer la demanda del mercado norteamericano. Desde el inicio hubo miembros de la clase política mexicana que decidieron sacar provecho de su control sobre trafico y traficantes, (Luis Astorga, Drogas sin fronteras, Grijalbo, 2003).
Por un tiempo, la parte de la clase política encargada de controlar el mundo criminal pudo mantener a raya y beneficiarse de las actividades ilícitas. Sin embargo, en algún momento la combinación del aumento en la demanda de drogas en Estados Unidos con el aumento de la presión norteamericana (Washington definió a la oferta externa como la variable independiente y el consumo interno como la dependiente), desembocó en un salto cualitativo de la importancia de los intereses en juego en el narcotráfico mexicano y el arreglo original se modificó.
El poder corruptor de los carteles aumentó justo cuando disminuyó el poder del régimen priísta y las autoridades pasaron de ser controladoras a controladas por los narcotraficantes. La narcopolítica se colocó en el centro de los procesos de poder en México, lo que introdujo un elemento de ingobernabilidad en la vida interna y una tensión más de en la agenda externa de México.
¿Qué Hacer? Hay que definir como claramente temporal y en términos realitas la tarea del ejército en labores policíacas; las fuerzas armadas por sí mismas no pueden eliminar al narcotráfico, apenas contenerlo. Además, es necesario un esfuerzo auténtico por dar forma a una policía especializada y, desde luego, la sociedad debe exigir que la movilización militar no se convierta, como en el pasado, en un instrumento político del Poder Ejecutivo y los intereses que le rodean.
RESUMEN: “LA MISIÓN DEL EJÉRCITO CONTRA EL NARCOTRÁFICO DEBE SER MUY TEMPORAL, CON UN OBJETIVO LIMITADO Y DESLIGADA DE LA PROPAGANDA POLITICA”

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