En un país donde la política parece de caricatura, la auténtica caricatura puede ser alta política
Reconocimiento
Lo ideal es que los reconocimientos públicos se hagan mientras quien los merece esté aún entre nosotros y en activo. Es por eso que al aparecer en este año de centenarios el libro de Eduardo del Río, Rius, 2010, ni independencia ni revolución (Planeta, 2010), se abre la oportunidad de acercarnos a este autor no sólo para examinar sus ideas sobre la independencia y la revolución sino a su empeño por salvar, vía la caricatura y el humor crítico, lo que hay de esencial en México.
Honor y humor
Se dice que en 1525, y tras su derrota en Pavía a manos del emperador Carlos V, Francisco I, rey de Francia, herido y hecho prisionero, escribió a su madre: "todo se ha perdido menos el honor". En realidad, el rey escribió algo un poco más largo, pero lo que finalmente pasó a la historia es lo citado. Pues bien, en México, los herederos de otros derrotados en la misma época, y también por súbditos de Carlos V, podemos parafrasear al desafortunado monarca galo, y afirmar: mucho se ha perdido, menos el humor. Eso es, al menos, lo que se desprende de toda la obra de Rius, donde la ironía va a cuenta de lo perdido.
La buena acogida que desde hace 56 años han tenido los cartones, historietas e historias contadas por Rius con ayuda de sus "monos" -se trata de obras que ya traspasaron las fronteras, pues al menos una docena se ha traducido al inglés-, ha contribuido a mantener la autoestima de los mexicanos que se identifican con ellas. Con la visión, temas y personajes de Rius, y de los otros caricaturistas que han marchado por el mismo sendero, la dignidad ciudadana podrá estar herida pero no destruida.
El humor político de calidad suele ser uno de los ácidos que corroe y destruye esa parte del discurso del poder con el que las élites buscan ocultar abusos y hacer pasar por alta política lo que no es otra cosa que irresponsabilidad y demagogia combinadas con prepotencia, arbitrariedad y corrupción. Las caricaturas al estilo de Rius reafirman la verdad que encierra ese desafío que Miguel de Unamuno lanzó al poder de los franquistas: "venceréis pero no convenceréis".
El instrumento político empleado por Rius tiene una fuerte raíz histórica. Caricaturas en contra de los poderosos eran ya empleadas en la Roma imperial. La estirpe mexicana de donde proviene el distinguido "monero" zamorano construyó su propio espacio vital en la prensa de opinión de principios del siglo XIX. Fue esa época un mal momento para México pero, por lo mismo, un gran momento para la caricatura de oposición. Más adelante, ya en los periodos de estabilidad autoritaria -el Porfiriato y la post revolución-, hubo un esfuerzo sistemático desde el gobierno y con relación a la prensa y sus caricaturistas para combinar censura y represión con una buena dosis de cooptación, al punto que esta última fue ya el elemento dominante durante el régimen del PRI. Como consecuencia, proliferaron los ejemplos de caricaturistas dispuestos a legitimar al poder y contribuir así a diluir el sentimiento público de agravio. Sin embargo, la historia ha terminado por ser generosa y justa con quienes se arriesgaron a tomar el partido de los ofendidos y asumieron las consecuencias.
Rius siempre ha estado en las filas de estos últimos; baste recordar aquí dos episodios: esa caricatura suya de 1964 que fue presentada como portada de la revista Política y que resultó profética: un inconfundible Gustavo Díaz Ordaz (GDO) vestido con sotana y teniendo en su estola dos suásticas; ahora bien, el costo de ese gesto fue alto -Política desapareció- pero la definición del carácter de GDO resultó trágicamente acertada y eso se recuerda. Inmediatamente después del golpe autoritario, Rius reapareció y se superó con esa estupenda historieta que fueron "Los Supermachos", un microcosmos pueblerino que sirvió para destacar las características y consecuencias del ejercicio cotidiano del poder en el México del PRI clásico. "Los Supermachos" fueron todo un éxito, pues su tiraje llegó a ser de cientos de miles, pero el poder decidió castrar a esos personajes inolvidables -Calzonzin, don Perpetuo del Rosal, etcétera- mediante la compra, no del autor -eso era imposible-, sino de la editorial, lo que obligó a Rius a abandonar sus criaturas y éstas, ya pura forma sin contenido, terminaron en la insignificancia y el olvido. Nuestro "monero" volvió a la carga y dio vida a "Los Agachados" (1968-1981). Ambas historietas son hoy una fuente de primer orden para quien quiera conocer o investigar la naturaleza de la vida y la cultura cívica de México en la etapa clásica del autoritarismo priista.
El monero como historiador
Rius lleva ya más de medio siglo reflejando, vía sus "monos", una parte de la realidad mexicana afectada por el mal uso del poder pero, también, divulgando sus ideas en torno a un espectro tan amplio de temas, que el catálogo de sus más de cien libros abarca desde Cuba (fue el primero) hasta Cristo, o Marx, pasando por la filosofía y la alimentación. Hay en Rius un enciclopedista enfebrecido que, quizá por ser autodidacta, tiene la capacidad de llegar a un público tan amplio que es asombro y envidia de los especialistas "serios".
2010, ni independencia ni revolución no es el primer trabajo en que Rius aborda temas de la historia política mexicana, pero éste es ya una síntesis de su interpretación de nuestro pasado, una que busca crear conciencia y explicar la naturaleza de los problemas contemporáneos por vía de sus orígenes.
En las 192 páginas de la obra que aquí se comenta se aborda el pasado mexicano desde sus orígenes prehistóricos hasta el presente, pero poniendo el énfasis en dos tesis propias de este año de centenarios: la naturaleza de los procesos a los que dieron lugar tanto la independencia como la revolución, procesos que finalmente no llevaron ni a una independencia efectiva ni a un cambio realmente revolucionario. En consecuencia, no hay nada que celebrar.
La Independencia
Para Rius, la independencia no cumplió con lo que debió ser su meta central, según Morelos: transformar la estructura social de la colonia. Visto desde abajo, desde la perspectiva de los indios y parte de los mestizos, la transformación de la Nueva España en un Estado soberano no significó otra cosa que cambiar para no cambiar, porque ésa fue la intención de Iturbide y los criollos que le apoyaron. En esas condiciones, el sentido de patria simplemente no podía desarrollarse en la mayoría de los formalmente mexicanos.
La Revolución de 1910
Aquí Rius vuelve a sostener una tesis similar a la anterior y que coincide con la del académico norteamericano Ramón Eduardo Ruiz (The Great Rebellion: Mexico 1905-1924 [Norton, 1980]): la Revolución Mexicana no fue realmente una revolución sino una rebelión -"revolucioncita", la llamó en su libro de 1978-, pues las estructuras e instituciones del país no experimentaron transformaciones de importancia. Desde esta perspectiva, quienes podrían haber llevado a cabo una revolución, como Zapata o Villa, murieron en el intento, y los que finalmente alcanzaron el poder nunca intentaron una revolución, así pues "¿qué revolución festejamos?". Desde luego que terminada la lucha no hubo ni sufragio efectivo ni un cambio significativo en las estructuras de propiedad, sino más bien un cambio de personajes al frente de las estructuras de poder pero sin que éstas modificaran su orientación, al menos no antes de la llegada a la Presidencia del general Lázaro Cárdenas. En esta visión, Cárdenas y el cardenismo son lo inesperado, la notable excepción que confirma que lo ocurrido a partir de 1910 no fue una revolución.
Conclusión
La propuesta de Rius es contundente: en este 2010 no deberíamos festejar una independencia ni una supuesta revolución que finalmente no resolvieron sino apenas pospusieron los problemas y las contradicciones que se incubaron desde la época colonial. No siendo Rius un historiador ni un investigador profesional, y arriesgándose página a página a hacer grandes generalizaciones con pocos matices, tiene ciertos datos y afirmaciones que pueden ser cuestionados. Sin embargo, ese posible ejercicio de crítica al crítico no tiene sentido, pues el objetivo de Rius no es realmente hacer historia en el sentido estricto y puntual del término sino, entre muchas bromas y muchas veras, cuestionar el sentido mismo de la celebración oficial de los centenarios mediante una interpretación radical de nuestro proceso político desde la perspectiva de los agraviados históricos, de los que han constituido la gran base de la pirámide social de cada época.
'Ni independencia ni revolución'
Exactamente ¿qué vamos a celebrar?
Una reflexión sobre los errores y aciertos ocurridos en los procesos de la independencia y la revolución sería la manera más útil de conmemorar 1810 y 1910
El corazón del problema
A dos siglos del inicio de la lucha por la independencia y a un siglo del inicio de la lucha por destruir una dictadura oligárquica, queda claro que ambos sucesos no fructificaron como se esperaba: no lograron encauzar a México por la ruta de un desarrollo material y social sólido y justo.
Celebración
De acuerdo con su definición, celebrar significa, entre otras cosas, abandonar la rutina para honrar, rendir homenaje o exaltar a personas o eventos extraordinarios mediante ceremonias solemnes que buscan crear conciencia pública en torno a logros excepcionales. Claro que el término también admite lo no solemne: la ocasión para el contento general.
La semana pasada, el gobierno de Felipe Calderón anunció que se propone llevar a cabo una celebración a lo largo de todo el año para conmemorar el Grito de Dolores de 1810 y el llamado de Francisco I. Madero al levantamiento general el 20 de noviembre de 1910. El contenido de esa celebración oficial serán, básicamente, 2 mil 300 acciones o eventos en todo el país. Uno de esos eventos se concentrará en un solo día, implicará la participación masiva de miles de actores al estilo de las inauguraciones de los juegos olímpicos y tendrá un costo de 60 millones de dólares (Proceso, 14 de febrero).
De cara a esos planes oficiales surge el planteamiento de las alternativas: más que celebrar de manera espectacular el bicentenario y el centenario del arranque de dos dramáticos y feroces eventos de rebeldía popular, los tiempos deberían conducirnos a festividades austeras por un lado y por el otro a una gran reflexión -es aquí donde se debería hacer la cosa grande- sobre las causas que han llevado a que finalmente la gran energía colectiva desatada por lo acontecido en 1810 y 1910 no haya cumplido con las expectativas de quienes la iniciaron ni con las promesas de largo plazo de quienes construyeron un nuevo orden supuestamente superior al destruido.
Los celebrantes
No obstante que el actual es un gobierno de derecha y, por definición, sin simpatía por movimientos que buscan destruir por la fuerza el régimen establecido como fueron los de 1810 y 1910, ya se echó a andar la maquinaria de la celebración. Sin embargo, no está claro qué es lo que el grueso de los mexicanos desearía celebrar -si es que están de ánimo para celebrar- ni cómo quisieran hacerlo. Según una encuesta, el 45.2 por ciento de los ciudadanos se mostró dispuesto a recordar ambas fechas por igual, pero un 40.5 por ciento mostró preferencia por la independencia y apenas el 11 por ciento por la revolución (Consulta Mitofsky, 15 de noviembre, 2009).
Ahora bien, en relación a qué opinan los mexicanos en torno al cómo y a qué costo se debe celebrar, no hay datos. Sin embargo, y por la naturaleza de los tiempos que corren -pobreza, desempleo, inseguridad, polarización política, desigualdad creciente-, es posible suponer que lo apropiado serían ceremonias sobrias y usar de la reflexión histórica para escudriñar el futuro.
Una hipótesis
La rebelión contra el dominio español sobre México desembocó en un conflicto interno de magnitud sin precedentes, pues por tres siglos la autoridad del rey no había sido desafiada en la escala y con la fuerza en que lo fue en 1810. La destrucción material y el daño causado a la estructura institucional fueron sustantivos. Sin embargo, la unión de conveniencia en 1821 de las fuerzas en conflicto para declarar la separación de España llevó a que por un momento el talante que dominó en la esfera de lo público fuera de optimismo desbordado: libre de sus ataduras a España, el heterogéneo grupo dirigente supuso que acababa de abrir un brillante futuro para la rica y nueva nación mexicana (Javier Ocampo, Las ideas de un día, El Colegio de México, 1969).
El optimismo apuntado fue breve y pronto el país, sin consolidarse como nación, cayó en el conflicto interno, fue agredido por el exterior y le fue imposible contar con un mínimo de estabilidad política que le permitiera una vida normal. Donald Stevens sistematizó los indicadores de esa inestabilidad entre 1825 y el inicio de la Guerra de Reforma en 1857 (Origins of Instability in Early Republican Mexico, Duke University Press, 1991). En 33 años hubo 41 rebeliones campesinas, Tabasco tuvo 50 gobernadores, la Secretaría de Hacienda cambió de manos 87 veces y 49 la jefatura del Poder Ejecutivo; en promedio, el ocupante del cargo apenas si duró 12.8 meses. La conclusión es inescapable: la independencia hizo que México pasara de ser una colonia exitosa -la más importante del imperio español en América- a ser un Estado fallido.
Falla de origen
Una explicación del gran fracaso del México independiente para constituirse en un Estado viable se tiene en la naturaleza del viejo orden. Un análisis comparado de las características de la colonización española y británica en América arroja mucha luz sobre ese problema. De acuerdo con el impresionante estudio de J. H. Elliot (Empires of the Atlantic World, Yale University Press, 2006), la idea original de la empresa colonial británica en lo que hoy es Estados Unidos era simplemente reproducir lo que España había hecho antes en México: crear una colonia de explotación con base en una minería de metales preciosos y mano de obra indígena. Sin embargo, los ingleses nunca descubrieron yacimientos como los de México y nunca pudieron dominar a la población nativa como los españoles a los aztecas y se tuvieron que conformar con dar forma a unas colonias de poblamiento con base en el trabajo de los propios europeos. Esa imposibilidad de los ingleses para convertirse en "conquistadores" les obligó a ser simplemente "planters" (colonos). Sin embargo, esa frustración original se convirtió en algo muy positivo cuando las 13 colonias inglesas se transformaron en Estados Unidos de América, pues ese tipo de colonización resultó ser la preparación adecuada para dar forma a un Estado exitoso.
En un artículo del American Journal of Sociology (V. 111, No. 5, marzo 2006), Matthew Lange, James Mahoney y Matthias Vom Hau desarrollaron una comparación entre el colonialismo español y el británico y llegaron a esta conclusión: las diferencias en los modelos económicos implantados por las dos metrópolis son un factor fundamental para explicar la suerte que corrieron las colonias al transformarse en Estados independientes. Los españoles tendieron a imponer un modelo económico mercantil en zonas que antes de la colonización ya estaban densamente pobladas y con un desarrollo significativo. En contraste, cuando Inglaterra colonizó, también de manera extensiva, lo hizo en zonas con una baja densidad de población original y con un desarrollo relativamente simple, pero en las que implantaron un sistema económico liberal. Tras la independencia el resultado de esa diferencia fue la reversión de las características originales, pues las zonas de influencia mercantilista y con gran población nativa entraron en una etapa de subdesarrollo en tanto que aquellas de influencia liberal se encaminaron al desarrollo, al punto que una de ellas, Estados Unidos, ya era una potencia al final del siglo XIX. Desde luego que la diferencia en los modelos económicos y de sus respectivos conjuntos de instituciones políticas, legales y culturales no explica todo el éxito o todo el fracaso de la etapa nacional, pero sí una parte sustantiva de ese resultado.
La lección
Desde la óptica del proceso histórico, lo que este bicentenario del inicio de la lucha por la independencia nos debería llevar a comprender es, entre otras cosas, que todo cambio de régimen, incluido el que se intentó hace apenas 10 años, es una empresa extraordinariamente complicada porque la herencia que deja el viejo orden puede ser un factor que ayude o frustre el proyecto de futuro. De ahí la enorme responsabilidad de quienes encabezan lo nuevo.
En 1821 las mejores mentes del país que nacía intentaron desentrañar la magnitud del reto, pues mientras los norteamericanos tenían que consolidar, lo hecho en la ex Nueva España había que modificarlo y sustancialmente. La enormidad del problema rebasó los cálculos y la imaginación de quienes encabezaban al nuevo Estado y pronto se impusieron los egoísmos de grupo. En el 2000 se suponía que los "insurgentes" tenían una "capacidad intelectual instalada" mayor de la que había hace dos siglos, pero no fue así y otra vez corremos el riesgo de frustrar el propósito del cambio. Una gran reflexión comparando lo ocurrido a partir de 1810 con los tiempos que corren sería una manera útil de conmemorar nuestro origen como nación moderna. Sin embargo, esa reflexión no vendrá del sector oficial, tendría que hacerse desde fuera.
México y sus guerras
Tres enfrentamientos antagónicos se viven en el país: el Estado contra el narco, la izquierda con las derechas y la Iglesia contra el laicismo
Definición
La definición clásica de guerra implica la hostilidad armada entre dos o más unidades políticas que, generalmente, son Estados; sin embargo, el concepto también se puede extender y aplicarse a una situación de hostilidad, conflicto, oposición o antagonismo entre fuerzas físicas, mentales o sociales. Pues bien, para nuestra mala fortuna ambas acepciones tienen equivalentes en México.
Según la terminología oficial, el gobierno de México está hoy en guerra contra los cárteles del narcotráfico, y tan lo está que al frente de este esfuerzo no se encuentra sólo la policía -al menos no por ahora- sino también las Fuerzas Armadas. Esta guerra "caliente" -más de 17 mil 500 muertos en tres años- se desarrolla al lado de otras dos que, sin ser de tipo armado, también tienen implicaciones muy negativas. Estas últimas se mantienen en el plano netamente político -"guerra fría"- pero ambas, en sus orígenes, también fueron guerras auténticas. Una tiene lugar en el enfrentamiento entre la izquierda y las derechas y la otra es aquella que bien se podría calificar de "neocristera" y que se libra entre los adversarios y los partidarios del Estado laico. Estas "guerras frías" se sobreponen pero son distintas.
La guerra armada
De tiempo atrás, pero particularmente desde que Felipe Calderón se hizo cargo del Poder Ejecutivo, la lucha entre las organizaciones de narcotraficantes y el gobierno mexicano asumió características que, conforme pasa el tiempo, más se ajustan a la definición clásica de la guerra. Y es que si se examina bien lo que está sucediendo en Sinaloa, Michoacán, Chihuahua y otros estados, resulta que cárteles como los de Sinaloa, Golfo, Juárez, Los Zetas, La Familia o La Compañía ya muestran capacidad y voluntad de retar al Estado en sus áreas vitales.
Los cárteles no son únicamente organizaciones armadas de criminales, sino fuerzas que le disputan al Estado su monopolio de la fuerza, su control sobre partes importantes del territorio y la lealtad de sus servidores -en particular policías pero también ministerios públicos, jueces, alcaldes o gobernadores. Estos grupos ya cobran impuestos ("protección"), usan notarías para legalizar propiedades adquiridas por las buenas o las malas, intervienen en procesos electorales y, además, en ciertos casos, le ofrecen a la sociedad protección contra otras organizaciones rivales -La Familia dice actuar contra Los Zetas a nombre de la sociedad- y en contra de esa forma de delincuencia que efectivamente interfiere con la vida cotidiana del ciudadano medio: el asalto, el robo, el secuestro. Hasta cierto punto la "protección" se cumple, como lo mostró la aparición en una plaza de Zamora, Michoacán, de supuestos delincuentes comunes con señales físicas de castigo y obligados a portar pancartas donde se especificaba la causa por la cual La Familia les había castigado. Así, lo que alguna vez fue una lucha contra el narcotráfico hoy adquiere, cada vez más, las características de una guerra donde, además, ya vuelven a intervenir fuerzas paramilitares, como es el caso del municipio de Garza García, en Nuevo León, donde la autoridad dice contar ya con un grupo de "rudos" para enfrentar a la delincuencia en sus propios términos (Diego Enrique Osorno, Gatopardo, diciembre 2009-enero 2010).
La nueva guerra cristera
Con la restauración de la República en 1867 se supuso que el triunfo del Estado laico era un asunto resuelto, pero el Congreso Liberal de 1901 fue convocado por Camilo Arriaga justamente para recuperar el terreno que la laicidad había perdido en el Porfiriato. La derrota de la dictadura huertista en 1914 llevó a que Carranza disolviera a su aliado, el Partido Católico Nacional. Eso, más la promulgación de la Constitución de 1917, supuso que, de nuevo, el Estado laico había triunfado. Sin embargo, la guerra cristera (1926-1929) mostró que aún había disposición y fuerza para desafiar por las armas el carácter laico de la estructura política mexicana. Terminada la segunda cristiada en los 1930, se llegó a un modus vivendi que, de nuevo, se confundió con el triunfo definitivo del laicismo.
La actual ofensiva neocristera contra el Estado laico involucra a los actores de siempre pero con diferente alineamiento. Hoy el gobierno panista tomó ya abiertamente el lado de la iglesia (o iglesias) e incluso cuenta con el apoyo no muy entusiasta, pero apoyo al fin, de la parte oportunista del PRI, que es siempre la mayoría en ese partido. Este conjunto está intentando movilizar de nuevo a una parte de la sociedad mexicana -que en general es conservadora- para lanzar lo que le gustaría que fuera su "ofensiva final", al menos eso se desprende, entre otras cosas, de documentos como el que acaba de publicar un "Movimiento Guadalupano Mexicano", titulado "Declaración de Guerra" y que busca poner fin a una "descomposición social" que permite "Que se asesine a los no nacidos. Que se les quite a los niños por adoptar la oportunidad de tener Padre y Madre... Que se corrompan a Empresarios... Que se solapen a sindicatos nocivos... Que confundamos la Libertad con el Libertinaje... Que sigamos con el populismo y la doble moral", etcétera (Reforma, 26 de enero).
La actual etapa de la ofensiva de las iglesias contra el Estado laico se inició cuando el gobierno de Carlos Salinas, necesitado de apoyos tras su dudoso triunfo electoral, decidió, en 1992, reformar los artículos 27 y 130 constitucionales como el PAN y la Iglesia Católica demandan. El resultado fue que se reconoció personalidad jurídica a las iglesias y se establecieron relaciones diplomáticas con el Vaticano.
La lucha siguió en el campo del aborto. En agosto del 2008 la SCJN reafirmó la constitucionalidad de la despenalización del aborto en el Distrito Federal, pues se aceptó que dentro de las 12 primeras semanas de gestación el feto aún no tiene ninguna característica propiamente humana. Sin embargo, en los dos últimos años, y por iniciativa del PAN y del PRI, 17 constituciones de otros tantos estados de la República han sido modificadas en sentido contrario, es decir, que establecen, como lo demanda la Iglesia Católica, que en cualquier caso el aborto es inaceptable pues la vida humana se inicia en el momento mismo de la concepción.
Un paso más en este camino de imponer legalmente la visión particular sostenida por las iglesias, lo ha dado la Procuraduría General de la República, es decir, Felipe Calderón, al demandar que la Suprema Corte declare constitucional una definición de matrimonio que no lo caracterice como "la unión de dos personas" sino como "la unión de un hombre y una mujer". De tener éxito Calderón, también habría logrado echar por tierra la posibilidad de que esas uniones entre personas del mismo sexo puedan tener el derecho que ahora les otorga la legislación de 2007 del Distrito Federal, y que les permite recibir legalmente a menores en adopción.
Hoy, conscientes de lo que está en juego, los defensores del Estado laico se han propuesto lograr una enmienda al artículo 40 de la Constitución para que se deje en claro que México se define explícitamente como una República representativa, democrática, federal y también laica. Y es que se teme que con el argumento de la libertad de enseñanza se introduzcan cursos de religión en las escuelas públicas, como ocurre en España.
Derecha vs. izquierda
Desde el desafuero de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en 2004-2005 y después, cuando se le calificó de "peligro para México" en el 2006, se sesgó en su contra el proceso electoral presidencial. Con ello las derechas mexicanas demostraron que si bien estaban dispuestas a aceptar que una izquierda burocrática e inofensiva -como la que hoy domina al PRD- mantuviera un nicho en la estructura formal del poder, lo tendrá a cambio de colaborar para neutralizar a AMLO y a su movimiento social, para los que simplemente habría un "no pasarán". Y la razón del encono es clara: AMLO encabeza a la única fuerza sustantiva que busca presentar una plataforma política que implique una redistribución real del poder y los ingresos a favor de las clases populares. Esta lucha sin cuartel entre las derechas atrincheradas en los partidos y en las grandes concentraciones de capital y un movimiento social construido desde abajo es la arena donde se desarrolla una guerra sin muchas posibilidades de tregua o conciliación.
Conclusión
Hasta ahora, en las tres zonas de conflicto aquí examinadas, pareciera que las cosas seguirán igual o se pondrán peor antes de que puedan empezar a mejorar. Obviamente eso no es lo deseable y estamos obligados a buscar, a exigir, un cambio en su dinámica, pues tres guerras son muchas para una sociedad en nuestras condiciones.
¡Muy bien!... lástima que no sea aquí
En una democracia los ciudadanos pueden llamar a cuentas a sus gobernantes, ejemplos recientes llaman a la reflexión en México
Un ejemplo de rendición de cuentas
Nuestra deficiente democracia requiere, entre otras cosas, fijarnos bien en cómo funcionan las democracias maduras y sacar lecciones para la nuestra. Lo que está pasando en Gran Bretaña nos provee de un tema de reflexión en un México que discute las reformas políticas necesarias para reflotar a un sistema que está haciendo agua.
De este lado del Atlántico, no deja de llamar la atención lo sucedido a Anthony Blair en Londres el viernes pasado: el ex primer ministro británico debió responder en público y ante cámaras de televisión al cuestionamiento de una comisión que investiga la legalidad de la orden que él dio a su ejército en 2003 para acompañar al de Estados Unidos en la invasión de Iraq y el derrocamiento del gobierno de Saddam Hussein. Blair se vio sometido a un comedido pero severo interrogatorio de seis horas por parte de la comisión encabezada por Sir John Chilcot -un alto servidor público ya retirado-, que tiene la encomienda de averiguar si la invasión de Iraq en nombre del Gobierno de su Majestad, y uno de cuyos efectos fue la muerte de militares británicos y de numerosos iraquíes, fue hecha de manera apropiada y de acuerdo con las leyes del reino. Y es que, como se sabe, la razón original para atacar a Iraq en el 2003 no tardó en comprobarse totalmente falsa: el gobierno de Bagdad no poseía las armas de destrucción masiva que los servicios de inteligencia británicos aseguraron que tenía y podía emplear 45 minutos después de que se diera la orden de hacerlo, ni tenía ligas con los terroristas de Al Qaeda, como también se aseguró.
El ex primer ministro británico se defendió bien frente a sus inquisidores, pero independientemente de cuál sea la conclusión de la comisión y de cómo quede Blair frente a la historia -entre el público estaban familiares de los 179 soldados británicos muertos y que demandaban del político una disculpa por haber llevado al país a una guerra equivocada, disculpa que no lograron- el evento fue un ejemplo de cómo debe funcionar una democracia que puede exigir cuentas a sus gobernantes.
Lo primero que puso de relieve el interrogatorio en torno a la responsabilidad del ex jefe de gobierno británico es la ausencia de un proceso similar en Estados Unidos. Es claro que George W. Bush y algunos de sus colaboradores deberían ser sometidos a un juicio de responsabilidad por lo sucedido en Iraq, pues ellos fueron los instigadores de una invasión que, según los cálculos más moderados, costó la vida a 100 mil iraquíes.
Pero dejemos de ver la paja en el ojo ajeno y observemos las enormes vigas que en materia de rendición de cuentas tenemos en México. A nuestro anémico régimen político le fortalecería el someter a un interrogatorio severo o, mejor, a un juicio, a los ex presidentes vivos y al actual para convencer a la ciudadanía que efectivamente ya se superó un rasgo central del viejo régimen: la impunidad.
Echeverría
Al conocerse el "jueves de Corpus" de 1971 la mortal agresión llevada a cabo por un grupo paramilitar organizado por el gobierno del Distrito Federal -los "halcones"- contra una manifestación pacífica de estudiantes en la Ciudad de México, un falsamente indignado presidente Luis Echeverría aseguró que se investigaría y se castigaría a los culpables. No fue así; el regente capitalino sólo fue obligado a renunciar pero años después recibió la gubernatura de Nuevo León. Más tarde, en 1998, cuando el PRI ya estaba a punto de perder su papel como partido de Estado, una llamada Comisión del 68, del Congreso, hizo el ridículo al acudir a casa de Echeverría para enfrentarlo con su responsabilidad en las matanzas de 1968 y 1971. Luego, en 2006, ya bajo un supuesto "nuevo régimen", se ordenó el arresto domiciliario de Echeverría pero tras un patético remedo de juicio, en 2009 se ordenó su exoneración por los cargos de genocidio. Pese a que ya no cabe duda que la responsabilidad última de los crímenes del 68 y del 71 recae en los ex presidentes de la época, hoy seguimos sin saber cuál fue la "razón de Estado" por la que se ordenó el asesinato de los jóvenes, tampoco sabemos cuántas víctimas hubo ni exactamente quiénes participaron ni bajo qué supuestos desempeñaron sus papeles.
De la Madrid
No hace mucho, Miguel de la Madrid aceptó ante la periodista Carmen Aristegui, que se equivocó radicalmente al dejar como sucesor a Carlos Salinas de Gortari, al que hoy supone centro de una trama de corrupción escandalosa durante su gobierno. Sin embargo, De la Madrid negó cualquier operación de fraude en las elecciones que supuestamente ganó Salinas con el 51 por ciento de los votos en julio de 1988. Y aunque las boletas de esa elección ya son cenizas, no vendría mal una investigación que aclarara lo que realmente ocurrió en las urnas hace 22 años.
Salinas
Por lo que hace a Carlos Salinas, hay materia de sobra para comisiones de investigación. Supongamos que por secreta no procede averiguar en qué y cómo gastó la "Partida Secreta", pero sí sería muy revelador y útil conocer el proceso y las condiciones en que se privatizaron en ese entonces importantes empresas públicas -teléfonos, bancos, televisoras, etcétera-, que actualmente son el origen de cuantiosas fortunas privadas. Los asesinatos de varios centenares de militantes del PRD también podrían ser objeto de otra investigación, así como las nunca bien explicadas ejecuciones de miembros del EZLN en el mercado de Ocosingo, de Luis Donaldo Colosio o Francisco Ruiz Massieu, todas en 1994.
Zedillo
El llamado "error de diciembre" de 1994, que condujo a la penúltima gran crisis económica de México y que, posteriormente, fue la razón que llevó a Ernesto Zedillo a diseñar el tristemente célebre Fobaproa -la compra de la cartera vencida de los bancos privados con pagarés del Estado-, debe ser desentrañado. El Fobaproa mismo condujo a que la deuda pública interna creciera cuatro veces en tan sólo tres años, pero también a que un número nunca revelado de créditos bancarios otorgados de manera fraudulenta terminaran como parte de esa deuda pública. El que un sistema bancario mexicanizado a partir del gobierno de Venustiano Carranza terminara transformado en uno dominado por la banca extranjera, también tendría que ser objeto de un proceso de investigación. Y finalmente está el asesinato masivo de indígenas chiapanecos en Acteal, caso en que las redes de la "justicia" sólo atraparon a puros peces chicos y que ahora se asegura que no fueron culpables. El llamado "Pemexgate" -la transferencia ilegal de mil 100 millones de pesos de Pemex al sindicato petrolero y de éste al PRI en el 2000- desembocó en una multa de mil millones de pesos para el PRI pero finalmente los responsables de la operación nunca han tenido que responder ante un juez. Todo lo anterior da materia para varias comisiones "a la Blair".
Fox
Pese a la investigación del IFE al primer gobierno del "nuevo régimen" -ése tan apegado a la ley que logró el desafuero del jefe de Gobierno capitalino por no parar a tiempo la apertura de una calle- aún hay mucho que no se sabe sobre el origen y uso de los dineros de los "Amigos de Fox". Otra comisión también podría investigar lo que no estudió el TEPJF: cómo fue y qué efectos tuvo la intervención de Fox o del Consejo Coordinador Empresarial en la elección del 2006. El papel del gobierno federal en la defensa del gobernador de Oaxaca y la represión de la APPO también merecerían ser materia de una investigación.
Calderón
Este sexenio aún no concluye, pero ya se podría ir pensando en investigar las razones y resultados de esta "guerra" de tres años contra el narcotráfico, que ha provocado ya 16 mil muertos y a la que no se le ve fin. Un hilo conductor de la investigación podría ser el sugerido en el reportaje de Jorge Torres e Ignacio Alvarado (El Universal, 26 de enero), y según el cual la inspiración de la "guerra" no fue mexicana sino norteamericana: una propuesta de funcionarios de la DEA -Karen Tandy y David Gaddis- a Eduardo Medina Mora y a Genaro García Luna en octubre del 2006, y que después se presentó como decisión mexicana. Como en el caso de Blair, esta "guerra" cuadra bien con el interés norteamericano, pero ¿también del mexicano? Esto se debería averiguar.
Conclusión
La británica es una de las democracias más consolidadas y puede darse lujos que aquí sólo podemos imaginar, pero el ex presidente Fujimori ya fue juzgado en Perú y el ex presidente Alfonso Portillo ha sido presentado ante un tribunal en Guatemala. Para que en México llegue a arraigar la democracia, también tendría que haber la posibilidad de llamar civilizadamente a cuentas a nuestros gobernantes. ¿Faltará mucho?
